La promesa de meritocracia y transparencia del Gobierno Nacional vuelve a quedar en entredicho. Tras la polémica por la contratación de familiares de la Ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, ahora los reflectores apuntan al Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. 

Una investigación citada por el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte y El Tiempo revela que la esposa, el hermano y la hija del ministro Sanguino tienen vínculos contractuales y cargos técnicos en diversas entidades estatales, acumulando cifras que superan los 1.000 millones de pesos.

El caso más llamativo es el de la esposa del ministro, Diana Meza, quien suma contratos por $415 millones. Aunque ya era contratista, la concentración de los mayores montos coincide con la llegada de Sanguino al gabinete el 18 de febrero de 2025.

Buenas tardes!!!

Que disculpe mi Doctor Sanguino que le incomodemos su juernes. https://t.co/gORHnKQUAJ pic.twitter.com/ceTDKoJktW

— Germán Ricaurte (@german_ricaurte) February 20, 2026

En 2025: firmó $182 millones entre el Sena y Función Pública.

En 2026: el 27 de enero, justo antes de las restricciones de la Ley de Garantías, se le adjudicó su contrato más lucrativo: $154 millones por asesoría en Función Pública, vigente hasta fin de año.

Por su parte, Jairo Sanguino, hermano del ministro, ha celebrado ocho contratos que alcanzan los $661 millones. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha sido su mayor fuente de ingresos, con una asignación de $260 millones bajo regímenes especiales y contratación directa.

A esto se suma el nombramiento de Laura Marcela Sanguino, hija del ministro, como Subdirectora Técnica en el Ministerio de Vivienda desde febrero de 2024.

Según el denunciante, esta práctica parece ser generalizada, recordando que la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, también enfrenta cuestionamientos por contratos familiares que superan los $500 millones.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido un comunicado oficial aclarando si existió algún tipo de inhabilidad o conflicto de intereses en estos procesos de selección.